El tribunal de Miami le puede imponer a Jorge Nóbrega,
de origen venezolano, una pena máxima de cinco años de cárcel, seguida de una
pena de libertad supervisada de hasta tres años, así como una multa de hasta
250.000 dólares y el decomiso penal y la restitución de los fondos obtenidos en
su acuerdo con las autoridades venezolanas
Fuente: El Nacional
El empresario
estadounidense de origen venezolano Jorge Nóbrega se declaró este martes en un
tribunal de Florida culpable de haber prestado servicios a la Fuerza Aérea de
Venezuela en violación de las sanciones de Estados Unidos hacia este país.
Nóbrega,
detenido en agosto de 2021, reconoció que recibió cerca de 3,7 millones de
dólares en una cuenta bancaria en Portugal procedentes de la compañía petrolera
estatal Pdvsa, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
El tribunal de
Miami puede imponer una pena máxima de cinco años de cárcel, seguida de una
pena de libertad supervisada de hasta tres años, así como una multa de hasta
250.000 dólares y el decomiso penal y la restitución de los fondos obtenidos en
su acuerdo con las autoridades venezolanas.
En marzo de
2015, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra funcionarios y
exfuncionarios venezolanos y declaró una «emergencia nacional» por el riesgo de
la situación en Venezuela para su país.
Esta medida, que
permite aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias e ir
más allá de lo aprobado por el Congreso, estaba vigente cuando Nóbrega prestó
sus servicios a la Fuerza Aérea de Venezuela.
En este caso,
las sanciones prohibían que empresas estadounidenses pudiesen hacer negocios
con la petrolera estatal venezolana sin un permiso del gobierno de Estados
Unidos, que además debe aprobar el prestar servicios militares, algo de lo que
el acusado carecía.
Documentos
judiciales dados a conocer tras la detención de Nóbrega, que dirige la empresa
Achabal Technologies, con sede en Miami y una filial en Venezuela, señalan que
el empresario se ocupó de reponer una espuma anti-explosiones en los tanques de
combustible de los aviones de combate rusos Sukhoi-30 que posee la Fuerza Aérea
de Venezuela.
El dinero llegó mediante transferencias a una cuenta bancaria en Portugal a nombre de Achabal Technologies y como remitentes se usó a «una estructura tripartita», compuesta por TIPCO, una compañía tailandesa fabricante de asfalto, y por Petróleos de Venezuela y su filial Bariven SA.
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