La investigación, que se basa en la filtración de unos
11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el
mundo, estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios
Varios gobernantes de todo el mundo, entre
ellos los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, aparecen
señalados en los «Pandora Papers», una investigación periodística internacional
publicada este domingo que revela la ocultación de activos en paraísos
fiscales.
La investigación, que se basa en la
filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios
financieros de todo el mundo, estuvo a cargo del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de
decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País.
En el caso del mandatario de Chile,
Sebastián Piñera, los medios locales CIPER y LaBot revelan la compraventa en
las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga al empresario Carlos Alberto
Délano, «uno de sus amigos de la infancia».
Según publica El País, la familia del
mandatario vendió la empresa a Délano con un acta firmada en Chile por 14
millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares.
La operación se remonta a diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses
en el Palacio de La Moneda.
El pago de la operación se tenía que hacer
en tres plazos, el último supeditado a «que no se estableciese un área de
protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban
grupos ambientalistas», cita el medio español.
El gobierno de Piñera decidió no promover
la protección ambiental de la zona, condición con la que se habría efectuado el
último pago.
«El presidente nunca ha participado ni ha
tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga»,
señaló Presidencia de Chile en un comunicado.
El mandatario fue investigado por estos
hechos en 2017 y «la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia
de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente
Sebastián Piñera en la mencionada operación», indicó el comunicado
presidencial.
La investigación señala también la
vinculación de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos
sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar
el cargo, según la investigación de Noticias Sin.
Según el medio dominicano, las acciones de
estas sociedades eran «al portador», «un instrumento utilizado para ocultar los
beneficiarios de las compañías».
Abinader «se registró públicamente como
beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que
obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños», señala El País.
«Al ser investido presidente, en 2020, el
mandatario declaró nueve sociedades offshore
que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene
ninguna participación en la administración del mismo», añade el medio.
El tercer presidente que aparece en la
investigación es el de Ecuador, Guillermo Lasso. Según el medio El Universo, el
mandatario controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y
las cerró después de que el correísmo (2007-2017) aprobara una ley que prohibía
a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Lasso, un exbanquero, «alega que llevó
dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros
invertir en su país», cita El País.
El mandatario expresó el domingo que «es
de conocimiento público que mi patrimonio, contenido en la declaración de
bienes rendida ante la Contraloría General del Estado, es fruto de mi trabajo
de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y
han pagado los impuestos correspondientes ePandora Papersn Ecuador, habiéndome
convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país».
Agregó que «todas las inversiones que
realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la
ley».
La investigación también incluye los
nombres de 11 exmandatarios latinoamericanos: los panameños Juan Carlos Varela,
Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; los colombianos César Gaviria y
Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo y
el paraguayo Horacio Cartes.
Paulo Guedes, ministro de Economía y
hombre fuerte del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también
aparece en los documentos filtrados.
Además de políticos, la investigación
apunta a los artistas Shakira y Miguel Bosé, o al entrenador del Manchester
City, Josep Guardiola.
Líderes
de todo el mundo
Según estos documentos, el rey Abdulá II
de Jordania creó al menos treinta sociedades offshore en países o territorios
con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo
en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares.
El palacio real jordano añadió el lunes
que estas «informaciones de prensa son inexactas, distorsionadas y exageradas»
y que constituyen una «amenaza para la seguridad del monarca y su familia».
Los abogados del monarca afirmaron a la
BBC que todas las propiedades fueron compradas con su fortuna personal. Los
letrados argumentaron que entre las personalidades de alto perfil es común
comprar propiedades a través de compañías offshore por razones de privacidad y
seguridad.
El primer ministro checo, Andrej Babis,
por su lado, colocó 22 millones de dólares en empresas fantasma que se
utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una gran propiedad
ubicada en Mougins, en el sur de Francia.
«Nunca he hecho nada ilegal o incorrecto»,
reaccionó Babis en su cuenta de Twitter, y lamentó que «eso no les impide
intentar denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas»,
previstas para el próximo viernes y sábado.
En total, el ICIJ estableció vínculos
entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de
1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas
Vírgenes Británicas.
En la mayoría de los países, estos hechos
no son enjuiciables. Pero en el caso de los líderes, el ICIJ compara el
discurso anticorrupción de algunos de ellos con sus inversiones en paraísos
fiscales.
Establecido en 1997 por el Centro
estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ se convirtió en una entidad independiente
en 2017.
Su red incluye a 280 periodistas de
investigación en más de 100 países y territorios, así como a unos 100 medios
asociados.
El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los «Papeles de Panamá», una investigación basada en unos 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.
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