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» » PIDEN A COLOMBIA INVESTIGAR A GUAIDÓ Y ALCALÁ CORDONES POR OPERACIÓN GEDEÓN

 


El abogado de Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, acusada de ayudar a organizar la incursión militar desde Colombia, le solicitó a los fiscales colombianos que nombren a Juan Guaidó y al General Mayor retirado, Cliver Alcalá Cordones, como co-conspiradores en la Operación Gedeón utilizada para atentar contra el pueblo venezolano.

 

La ciudadana, a quien la fiscalía de ese país acusa haber apoyado Cliver Alcalá, en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y mercenarios en suelo neogranadino, denunció al gobierno Iván Duque de haberla usado para encubrir el entramado del Golpe de Estado que se pretendía dar al presidente Nicolás Maduro.

 

La implicada en la fallida incursión armada que pretendía dar un golpe de Estado en Venezuela conocida como “Operación Gedeón”, Yacsy Alejandra Álvarez Mirabal, denunció este miércoles que la inteligencia colombiana conocía todos los detalles del hecho.

 

En entrevista concedida a un medio colombiano, Álvarez Mirabal, quien permanece recluida en la Cárcel Picaleña, señaló que siempre mantuvo contacto con las autoridades colombianas, “la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tenía claro la Operación Gedeón, sabían todo”, agregó.

 

“A mi me dieron el número de este señor (Clíver Alcalá) y me dijeron que mi nombre de contacto iba a ser “Rosa”, que cualquier cosa que necesitara, que cualquier urgencia, lo contactara”, aclaró Álvarez Mirabal en un video difundido por Noticias Caracol en la red social Twitter

 

La implicada en la incursión armada contra Venezuela, quien fue capturada el pasado 6 de septiembre en Bogotá junto con otras tres personas, explicó que mantuvo contacto con el funcionario del DNI Flankin Sánchez, “en ningún momento pensé que me iban arrestar, yo estaba colaborando. El día que me capturaron, yo me iba a reunión con el funcionarios (Franklin Sánchez)”, añadió.

 

“Él mismo (Franklin Sánchez) me dijo que cambiara la Sim Card -línea telefónica-, no estés llamando constantemente (…) si me están protegiendo cómo me van a mandar a la cárcel con unos cargos ilógicos”, acotó Álvarez Mirabal.

 

Las autoridades colombianas acusan a Álvarez Mirabal de financiar y apoyar al exgeneral, Clíver Alcalá para comandar un golpe de Estado contra el presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, el Gobierno colombiano aun no se ha pronunciado de las declaraciones de Álvarez Mirabal.

 

El pasado mes de septiembre, las autoridades en Bogotá capturaron a los ciudadano Rayder Alexander Russo Márquez, Juvenal Sequea Torres y Juven José Sequea Torres; tres de ellos ligados a la Operación Gedeón en Venezuela. Las capturas de los ciudadanos venezolanos fueron realizadas en las ciudades de Bogotá y Barranquilla por un cuerpo de élite conformado por funcionarios de la Fiscalía General, Policía, Ejército y Migración de Colombia.

 

Inteligencia colombiana y su participación en la incursión

El abogado de Álvarez Mirabal, Alejandro Carranza, sentenció que el director de la DNI, Jorge Miguel Padilla, le envió al fiscal del caso, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón, un documento donde pedía proteger a la implicada en la Operación Gedeón.

 

El mencionado documento firmado por Miguel Padilla pide proteger a Álvarez Mirabal ante “posibles afectaciones a la vida e integridad personal, así como la pérdida de su ubicación por cambio de domicilio”, puntualiza.

 

Carranza dejó claro que tanto el exgeneral Alcalá como miembros de la oposición venezolana, entre los que figura el ex diputado Juan Guaidó, participaron en la operación que pretendía derrocar al presidente Maduro y romper el hilo constitucional de Venezuela.

 

El gobierno de Duque acusa a Álvarez Mirabal de ser la autora del transporte de armas descubiertas casualmente y sin querer por la policía de Riohacha, cercana a la base de operaciones clandestinas al norte de Colombia, y que posteriormente el propio Cliver Alcalá confirmó como parte del armamento que sería usado para la invasión a Venezuela.

 

La mujer aseguró que la conexión con la DNI colombiana fue “constante y cercana” con ella y Cliver Alcalá, al punto que el general en retiro confesó, pública y comunicacionalmente, que era la cabeza de la operación “para liberar” a Venezuela cuando el armamento cayó en manos de la policía de Riohacha.

 

Tras esta confesión grabada y difundida por Alcalá en sus redes sociales y durante una entrevista radial en vivo, el prófugo venezolano se “entregó” a la unidad antidrogas estadounidense, DEA, que lo trasladó en forma amigable y tranquila en un avión norteamericano hasta EE.UU. sin que las autoridades judiciales y de seguridad colombianas lo capturaran o intervinieran de alguna manera en esta “extradición” espontánea. 

 

Venezuela ya había denunciado los planes desestabilizadores en Colombia

Antes que se produjeran todas estas acciones, ya desde el mes de marzo de 2020 el Gobierno Bolivariano de Venezuela había hecho la denuncia a la opinión pública venezolana, colombiana y mundial de los planes desestabilizadores que se perpetraban desde Colombia. Incluso, en ruedas de prensa internacional en el Palacio de  Miraflores, se presentaron y ofrecieron pruebas, coordenadas geográficas y fotos satelitales de los campamentos y nombres de los implicados al gobierno de Colombia, sin obtener ningún resultado para que se evitara lo que finalmente fue la invasión marítima que los cuerpos de seguridad venezolanos lograron frustrar el 3 de mayo de 2020.

 

En esos primeros días de mayo pasado, tres grupos de invasores armados fueron capturados por las fuerzas combinadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Milicias y del Poder Popular en las costas de Aragua y La Guaira, entre ellos dos exsoldados boinas verdes de EE.UU.

 

Todos ellos confesaron su intención de establecer una “cabeza de playa” cercana a Caracas, para el ingreso de aviones extranjeros y el secuestro y/o asesinato del Mandatario Nacional y otros altos funcionarios, la toma de centros civiles y militares y la instauración de un “gobierno” provisional en el país, con Juan Guaidó al frente.

 

Para mayor confirmación pública, desde EE.UU. Jordan Goudreau, dueño de la empresa contratista de seguridad Silvercorp que utiliza mercenarios para desestabilizar otros países, confesó por medios digitales y de comunicación norteamericanos, que él había sido “contratado” por el “presidente interino” Juan Guaidó por varios millones de dólares en la operación fallida desde Colombia, y hasta presentó el documento del “contrato” firmado en octubre de 2019, que lo autorizaba a ocupar Venezuela hasta por más de tres años con diversos privilegios y prerrogativas para su empresa.

 

Luego demandaría a Guaidó por “incumplimiento de contrato”, precisamente ante tribunales de EE.UU. y que hoy, increíblemente, sigue su curso en las instancias judiciales norteamericanas, además de una denuncia de Goudreau que acusó al FBI de quererlo asesinar por la fallida operación colombiana.

Fuente: Ultimas Noticias

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