Fuente El Nacional
El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP),
seccional Caracas, Edgar Cárdenas, presentó el reporte mensual correspondiente al mes de agosto, donde
denuncia 39 nuevas agresiones a periodistas y medios que elevan a 266 el número de ataques contra la prensa en
lo que ha transcurrido del año.
El documento elaborado por el Observatorio de Seguimiento de Agresiones
a Periodistas y Medios del CNP Caracas, detalla que en el pasado mes de agosto
se registraron:
10 agresiones físicas.
2 detenciones arbitrarias.
1 decomiso de equipos.
2 decomisos de equipos a periodistas y demás trabajadores de la prensa.
5 amenazas.
11 intimidaciones.
2 hostigamientos.
4 borrado de información.
2 asesinatos.
Los responsables de las agresiones fueron:
GNB 38,46%.
Desconocido 28,20%.
PNB 2,56%
Sebin 5,12%.
FAES 5,12%.
Policía Municipal 2,56%.
Civiles afectos a oficialismo 2,56%.
Dgcim 2,56%
Personal de seguridad de funcionarios 10,25%.
Personal de seguridad civil 2,56%.
Cárdenas dijo que seguirán denunciando que “las agresiones a
periodistas y medios son un político ejecutado desde las altas esferas del
poder para imponer la censura y lograr el silencio informativo”.
Recurriremos a las instancias necesarias para que se conozca la grave
situación que atraviesa el derecho a ejercer la libertad de expresión, prensa y
opinión, afirmó en una nota de prensa.
Citó el caso de dos comunicadores sociales asesinados: Andrés Nieves
Zacarías y José Bislik. El primero de ellos ajusticiado presuntamente por
funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales en las instalaciones del medio
comunitario donde laboraba, Guacamaya TV, en Cabimas, estado Zulia, y el
segundo hecho, perpetrado por sujetos desconocidos en contra del locutor de la
emisora Costa del Sol 93.1 FM, en la
población de Güiria, estado Sucre.
“El Estado venezolano debe garantizar una investigación exhaustiva
sobre las extrañas circunstancias de estos lamentables sucesos, que enlutan a
dos hogares venezolanos y está en la obligación de aplicar a los responsables
todo el peso de la ley”, afirmó.
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Trabajadores de la prensa con juicios abiertos en tribunales
Los comunicadores Ana Belén Tovar, Eduardo Galindo, Elides Rojas,
Braulio Jattar Alonso, Jesús Medina Elaine, Darvinson Rojas, Arnaldo Sumoza,
Otilio Rodríguez y Luis Carlos Díaz; permanecen con juicios abiertos en los
tribunales venezolanos y deben ser liberados a la brevedad porque no han
cometido delito alguno, señaló Cárdenas.
“Reiteramos nuestra denuncia que desde el gobierno se mantiene una
política arbitraria en contra de
periodistas y demás trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas
judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso,
solo por cumplir con su labor de
informar”, declaró el directivo gremial.
El dirigente del CNP precisó que se les obliga a presentarse
periódicamente en los tribunales “por instrucciones del gobierno con medidas
cautelares, que restringen la libertad personal”.
“Es el caso del periodista Arnaldo Sumoza a quien el gobierno acusa de
alterar el orden público por informar sobre una protesta de vecinos quienes
reclamaban la falta de agua en El Sombrero, estado Guárico”, dijo Cárdenas.
Otro caso es el de Eduardo Galindo Peña, secretario general del CNP
Apure, detenido el pasado 15 de abril por un pelotón del Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro de la GN, que a la fuerza allanaron su residencia sin
orden judicial.
“El gobierno lo acusa de instigación al odio por sus informaciones en
el portal de noticias Senderos de Apure. También su esposa y otros familiares
son víctimas del acoso policial”, denunció el CNP.
Allanamiento Y Detención
También Darvinson Rojas detenido y su vivienda allanada violentamente
por un pelotón militar de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el pasado sábado
21 de marzo. El gobierno lo acusa de instigación al odio por ejercer la
profesión de periodista.
“En la misma situación de hostigamiento con medida cautelar se
encuentra el reportero gráfico Jesús Medina, detenido por funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 28 de agosto de 2018.
Estuvo preso durante 15 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por sus
reportajes fotográficos”, dijo Cárdenas.
Ana Belén Tovar estuvo presa durante cinco meses en la Dirección
General Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes allanaron las oficinas
de los portales de noticias Venmedios y
Entorno Inteligente por difundir informaciones sobre altos funcionarios del
gobierno.
Elides Rojas, vicepresidente de información del diario El Universal,
fue llevado a la Dgcim por la publicación de
información sobre un accidente aéreo ocurrido en Charallave, estado
Miranda. Fue imputado por instigación al odio.
Arresto Domiciliario
Después de dos años de arresto domiciliario, Braulio Jattar Alonso fue liberado,
pero con medidas cautelares: presentación ante un tribunal cada 15 días con
prohibición de salida del país y del estado Nueva Esparta.
La detención de Jattar se debió a la publicación de unos videos en el
portal Reporte Confidencial sobre el cacerolazo que recibió Nicolás Maduro
durante una visita efectuada al sector Villa Rosa en la región margariteña.
El comunicador y ciberactivista Luis Carlos Díaz fue detenido
arbitrariamente por funcionarios del Sebin
en marzo de 2019. Fue imputado
por el presunto delito de instigación pública.
Luego de más de 24 horas de detención fue liberado con medidas de prohibición
de declarar a los medios de comunicación sobre su caso, presentación ante tribunales
cada 8 días y prohibición de salida del país.
Por reportar denunciar relacionadas con la presunta responsabilidad de
funcionarios de la GNB en la venta ilegal de gasolina, fue detenido de forma
arbitraria en Carúpano, estado Sucre, el periodista Otilio Rodríguez.
Fue acusado de instigación al odio y el tribunal ordenó régimen de
presentación durante ocho meses que deberá cumplir luego de finalizado el
período de la cuarentena.
Uso Del Poder Judicial
El uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de
información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios,
vulnerando el derecho informar y estar informados.
El representante del CNP exigió libertad plena para los comunicadores a
quienes se les sigue juicio según su opinión, por cumplir con la labor de
informar.
Los gobiernos democráticos están obligados a promover, defender y proteger
los derechos humanos, donde debe existir equilibrio, justicia, bajo el respeto
de la constitución nacional, demás leyes de la República, así como los acuerdos
internacionales, finalizó Cárdenas.
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